Por errores metodológicas e incumplimiento de estándares de transparencia
La instancia convocada por el Instituto Nacional de Estadísticas determinó que los datos recogidos durante el proceso que se llevó a cabo el año pasado, y que significó un desembolso de más de 33 millones de dólares, dejó sin censar al 9,3% de la población y que por tanto sus resultados no sirven para la entrega de cifras oficiales.
El Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 debiera volver a realizarse en 2015 debido a los “serios problemas” metodológicos del proceso, entre ellos la abultada cifra de 9,3% de personas que no fueron encuestadas. Esta fue una de las conclusiones a la que llegó la comisión técnica que conformó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) luego de las denuncias que gatillaron la salida de su ex director Francisco Labbé.
La instancia encabezada por Osvaldo Larrañaga e integrada por Felipe Zamorano, Isabel Millán, David Bravo y Magda Ruiz, también recomendó no utilizar los datos del Censo para la entrega de cifras oficiales.
En una conferencia de prensa que se llevó a cabo esta mañana, la comisión indicó que los antecedentes dan cuenta de que no se cumplieron los estándares de transparencia y atribuyó los problemas, entre otros factores, a la falta de preparación para enfrentar el cambio de metodología respecto a las mediciones que tradicionalmente se efectuaban sólo en un día con el trabajo de miles de voluntarios.
Larrañaga afirmó que el catastro «adolece de serios problemas en aspectos que son esenciales para el cumplimiento de sus objetivos».
A ello se suma, agregaron, el mal clima organizacional al interior del INE en momentos que se llevaba a cabo la medición en todo el país, «por efecto de fuertes divisiones internas y un estilo de conducción vertical».
El experto precisó que la alta tasa de omisión de 9,3% de personas que finalmente no fueron censadas es uno de los problemas más graves que presenta el catastro, ya que es tres veces superior a los obtenidos en censos recientes en otros países de la región.
«La tasa de omisión de 9,3% es un promedio nacional, pero afecta con más fuerza a un conjunto de comunas y a un conjunto de personas, según nuestras estimaciones, una quinta parte de las comunas, tendría un porcentaje de omisión superior a un 20%», advirtió.
La Comisión concluyó que, debido a la confluencia de diversos factores, el proceso censal «resultó plagado de problemas y dificultades que, a juicio de distintos entrevistados, pudieron haber originado un desastre en el Censo».
El proceso tuvo un costo de 16.700 millones de pesos, equivalentes a más de 33 millones de dólares.
La comisión recomendó llevar a cabo un nuevo Censo abreviado en dos años más, que contaría con un menor número de preguntas comparado con el de 2012.
El cuestionado Censo se inició oficialmente en abril del año pasado, oportunidad en la que las autoridades de la actual administración aseguraron que se trataba del más moderno, seguro y profesional que se haya hecho, puesto que por primera vez se desplegarían en el país más de 14 mil personas capacitadas y contratadas para trabajar como supervisores, encargados de local y censistas.
